Gobierno federal de
EEUU impugna la nueva ley de Arizona

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Detienen a Beto
Renteria narcotraficante colombiano en Venezuela
CARACAS (D-N-S) —
El propio presidente Hugo Chávez anunció el martes el arresto en
capital de Carlos Rentería Mantilla, un poderoso capo del cartel
del norte del valle colombiano, por cuya captura el gobierno de
Estados Unidos ofrecía una recompenza hasta cinco millones de
dólares.
"Ayer, por cierto
que capturamos... un nuevo capo del narcotráfico, Carlos
Rentería, alias 'Beto', alias 'El Mexicano', 'El Padrino', 'El
Intocable''', dijo Chávez a la estatal Venezolana de Televisión
(VTV).
El mandatario
indicó que Rentería Mantilla había sido capturado luego de haber
pasado por la Isla de Margarita, y que próximamente será enviado
a Estados Unidos, país que lo requiere desde el 2004 por
narcotráfico.
Chávez se mostró
extrañado por el hecho de que Rentería Mantilla sería deportado
a territorio estadounidense, a pesar de ser colombiano.
"Un poco de cosas
que uno no entiende muy bien, pero bueno, cumplamos con las
leyes", comentó durante un encuentro con su par ecuatoriano
Rafael Correa en el palacio presidencial.
El mandatario no
ofreció mayores detalles sobre la captura ni dijo cuándo será
extraditado.
Rentería Mantilla,
de 65 años, nació en la ciudad de Tuluá Valle, a unos 240
kilómetros al oeste de Bogotá, y ha sido identificado como el
último de los jefes del cartel del Norte del Valle. Por su
captura se ofrecían cinco millones de dólares y estaba incluido
en la lista del FBI de los hombres más buscados del mundo.
Ese cartel,
considerado como una de las organizaciones y más poderosas del
narcotráfico colombiano, surgió tras el encarcelamiento de los
hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del
cartel de Cali. Los dos fueron extraditados a los Estados
Unidos.
Una investigación
que efectuo en el 2008 la revista colombiana Cambio logró
establecer con expertos que Rentería Mantilla se había sometido
a varias cirugías para modificar su rostro.
Es el segundo
narcotraficante colombiano capturado en el país en menos de un
mes. Los cuerpos de seguridad detuvieron el pasado 24 de junio
en el este de la capital a Luis Frank Tello Candelo, de 47 años,
quien era solicitado por Estados Unidos por los delitos de
"tráfico ilícito de drogas", "concierto para delinquir", y
"legitimación de capitales provenientes del narcotráfico".
Otro de los líderes
del cartel de Norte del Valle, Wilber Varela, alías "Jabón", fue
encontrado muerto, en un centro turístico del suroeste de
Venezuela en enero del 2008 con varias heridas de disparos de
bala.
La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) reportó en
su más reciente informe que el tráfico de drogas por Venezuela
ha aumentado en los últimos años.
El gobierno
venezolano objetaron dicho informe por considerarlo que no se
ajustaba a la realidad.
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Crudo ha afectado ya
a 5 Estados de EEUU en el Golfo de México
GOLFO DE MEXICO, EE.UU.
(D-N-S) — Después de dos meses de iniciado el derrame de crudo de un
pozo submarino de BP comenzó a llegar a las costas de Luisiana, a las
playas de Texas y a un lago cercano a Nueva Orleáns el petroleo que se
esta escapando de los pozos submarinos.
La detección de grumos de
alquitrán en Texas indica que el alcance del derrame ya abarca los cinco
Estados norteamericanos que lindan con el Golfo de México.
La distancia entre el punto
más occidental en Texas adonde ha llegado el crudo y el punto más al
este en Florida es de unos 885 kilómetros (550 millas). El petróleo tocó
tierra por primera vez el 29 de abril cerca al delta del río Misisipí.
Los restos de crudo siguen
en movimiento, pero no la serie de flotadores colocados para limpiar las
zonas más afectadas del Golfo. La presencia de varias tormentas ha
agitado demasiado las aguas e impedido la operación de lanchas durante
más de una semana en el litoral de Florida, Alabama y Misisipí, y las
lluvias continúan.
La cantidad de grumos de
alquitrán, en forma de bola, que se han encontrado en Texas es mínima
comparada con los que han cubierto las playas en otros Estados, hecho
que ha provocar el traslado de cuadrillas de limpieza y de que se
pronunciara otra vez la empresa British Petroleum de pagar los daños
causados por la fuga causada por la explosión en su plataforma Deepwater
Horizon el 20 de abril.
"Cualquier zona de la costa
de Texas afectada por el derrame del Deepwater será limpiada pronto y BP
cubrirá la factura", aseguró en un comunicado el comisionado de Texas
para Tierras, Jerry Patterson.
Nueva Orleáns, una ciudad
que había logrado escapar del petróleo de BP por más de dos meses, ya no
pudo escapar más.
Por primera vez desde el
comienzo del derrame se vio algo de crudo en el lago Pontchartrain, lo
que representa otra amenaza para un enorme cuerpo acuífero que ya había
logrado salvarse del desastre por contaminación en la década de 1990.
"Nuestras posibilidades (de
resistir al derrame) son cada vez menores", dijo Pete Gerica, presidente
de la Asociación de Pescadores del Lago Pontchartrain.
Durante el fin de semana
los grumos de alquitrán y una mancha de petróleo llegaron impulsados por
los fuertes vientos del lejano huracán Alex. El petróleo superó las
barcazas alineadas que se suponía iban a impedir que arribara al lago.
El lunes las autoridades
estatales suspendieron la pesca en el límite este del cuerpo de agua,
aunque la mayor parte de su extensión continuó abierta. También se
alinearon barcazas en los brazos de los ríos y cruces para impedir que
entrara el petróleo.
El martes las cuadrillas
utilizaban redes para recolectar los grumos de crudo de los muelles,
pero el lago estaba demasiado agitado como para que las embarcaciones
pudieran operar sin problemas y limpiaran las aguas.
Unos 771 kilos (1.700
libras) de desechos petroleros han sido recuperados en la zona, dijo la
vocera Suzanne Parsons Stymiest del distrito de Saint Tammany.
La presencia del crudo en
Texas fue pronosticada el viernes en un análisis de la Administración
Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés),
que estimó un 40% de probabilidades de que el petróleo alcanzara la
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PHOENIX (D-N-S) — El
Departamento de Justicia federal presentó el martes 6 de julio una
demanda para impugnar la inconstitucionalidad de una nueva ley de
Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
La querella presentada ante
el Tribunal de Distrito en Phoenix, Arizona sostiene que la nueva
legislación del Estado usurpa la autoridad federal. La ley, que está por
entrar en vigor a finales de presente mes, prevé que los policías
locales y estatales puedan interroguen e incluso arrester a los
indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como por ejemplo
revisiones de tránsito.
En la querella presentada
se expone; "En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene
la autoridad preeminente para regular los asuntos de la inmigración".
"Esta autoridad deriva de la Constitución de Estados Unidos y de
numerosas leyes del Congreso. Las leyes sobre la inmigración en el país
reflejan un cuidadoso y meditado equilibrio de las leyes nacionales, las
relaciones internacionales y los intereses humanitarios".
A través de esta querella,
el gobierno intenta conseguir un mandato judicial para demorar la
entrada en vigencia de la ley el 29 de julio hasta que el caso sea
resuelto. En última instancia, desea la anulación de esa ley.
El gobierno argumenta que
la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la Constitución,
una teoría legal que plantea el dominio de las leyes federales sobre las
estatales. La ley federal estipula como ilegal la permanencia en el país
sin documentos, pero Arizona es el primer estado que penaliza esa
situación como delito estatal, y además impone castigos y métodos
propios.
El vocero de la gobernadora
Jan Brewer dijo que la demanda es "una decisión terriblemente mala".
"Obviamente, Arizona tiene
una terrible crisis de seguridad fronteriza que necesita atenderse, por
lo que la gobernadora Brewer ha dicho en repetidas ocasiones que hubiera
preferido que los recursos y la atención del gobierno federal se
hubieran enfocado en la crisis más que en esto", expresó el portavoz
Paul Senseman.
El senador estatal Russell
Pearce, el principal promotor de la iniciativa auspiciada por decenas de
legisladores también republicanos, dijo que la demanda es un "absoluto
insulto al estado de derecho", así como a Arizona y su población.
Por su parte, el gobierno
de México expresó a través de su ministerio de Relaciones Exteriores su
beneplácito por la impugnación presentada por el gobierno federal.
En un comunicado, la
cancillería señaló que respeta el derecho de cada país a adoptar sus
leyes, aunque consideró que "cuando una medida como la SB 1070 (cifra
con que está catalogada la ley) afecta |
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potencialmente los derechos
civiles y humanos de miles de mexicanos, el gobierno de México tiene la
obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionales".
México participa en una de
las demandas presentadas por organizaciones civiles contra la ley en
Arizona.
El anuncio sobre la demanda
federal fue hecho el mismo día que una encuesta de USA Today/Gallup
indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debe
enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los
encuestados), o si debe desarrollar un plan para ver qué hacer con los
que ya están en el país (45.
El sondeo realizado el mes
pasado señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer
que los indocumentados son una carga para el estado, mientras que el 32%
cree que estos inmigrantes cumplen con sus responsabilidades
impositivas.
En general, sin embargo, el
64% de los encuestados calificó el tema de la inmigración ilegal como
"extremadamente serio" o "muy serio", sólo debajo de asuntos como la
deuda federal, el terrorismo, los costos de salud y el desempleo.
La medida adoptada el
martes era esperada desde hace varias semanas. El presidente Barack
Obama ha tachado de equivocada a la legislación. Los simpatizantes de
ésta dicen que es una reacción razonable ante la inacción federal frente
a la inmigración indocumentada.
Tamar Jacoby, presidente de
la organización activista ImmigrationWorks, opinó que aunque la ley de
Arizona es "una abominación", la demanda presentada el martes por el
gobierno federal es una "jugada peligrosa" que podría terminar haciendo
más daño que bien.
"El país ya está dividido
en dos sobre la ley de Arizona, tanto que ambos lados no pueden
escucharse ni entenderse, y la demanda del gobierno sólo atizará las
llamas del debate", dijo Jacoby en un comunicado.
"Sólo el gobierno federal
puede arreglar lo que está mal con la inmigración, pero no con una
demanda. Lo que se necesita es una reestructuración balanceada,
bipartidista que esté respaldada por un consenso nacional. El gobierno
debería enfocarse en desarrollar un consenso migratorio, no en exacerbar
una división creciente ni eliminar las posibilidades de un acuerdo
negociado", agregó.
Empero, otros activistas
vieron la intervención federal con buenos ojos.
"Vemos la demanda hacia
Arizona como un importante primer paso de nuestro país rumbo a la lucha
permanente contra el racismo y la intolerancia", afirmó Angélica Salas,
directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los
Inmigrantes, con sede en Los Angeles.
"Hoy el gobierno federal
reafirma su derechos a hacer cumplir, aplicar y defender las leyes
federales", agregó.
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