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Inicia debate en Arizona sobre nacionalidad de hijos de indocumentados

Se estudian dos iniciativas de ley que buscan negarles la ciudadanía como estadounidenses.

El comité judicial del Senado estatal de Arizona debatió dos iniciativas de ley que buscan negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados pero pospuso la votación final sobre el tema.

Después de un acalorado debate que duro más de tres horas surgieron diversos cuestionamientos sobre las implicaciones legales de las iniciativas SB1308 y SB1309.

La primera otorgaría un acta de nacimiento con una marca a los hijos de inmigrantes indocumentados, mientras que la segunda definiría a un ciudadano de Arizona como un ciudadano de Estados Unidos, nacido en este país y que por lo menos uno de sus padres es ciudadano por nacimiento o naturalizado.

La senadora estatal demócrata y miembro del comité judicial del senado estatal Krysten Sinema dijo que estas propuestas, tal como están redactadas, negarían la ciudadanía inclusive a hijos de soldados activos en otros países, personas con doble ciudadanía y víctimas de violencia doméstica que obtienen un estatus migratorio por medio de las visas tipo U.

Sinema aseguró que bajo estas regulaciones inclusive el mismo senador federal republicano, John McCain, quien nació en el canal de Panamá cuando se encontraba bajo la jurisdicción de EE. UU., no sería considerado "ciudadano" de Arizona.

Por su parte, defensores de las iniciativas negaron estas acusaciones y dijeron ante el comité judicial del senado estatal que el único propósito de estas propuestas es llevar este tema ante la Corte Suprema para que se defina el derecho de ciudadanía automática bajo la decimocuarta enmienda. Críticos de las propuestas señalaron que el tema de la inmigración ilegal debe ser resuelto a nivel federal y no de forma individual por cada estado.

"El que hayan decidido no votar es un triunfo en sí", dijo a la agencia de noticias Efe Jennifer Allen, directora de la red de Acción Fronteriza en Arizona.

La activista enfatizó que el comité no tiene una fecha límite para retomar el tema y tiene también la opción de derivar estas propuestas de ley a otro comité del senado estatal para su votación.

Celebrar comicios inmediatos en Egipto sería complicado, dice EE. UU.

Si el presidente Mubarak renunciara ahora tendrían que celebrarse elecciones en un plazo de 60 días.

El Gobierno de Estados Unidos admitió hoy que sería "una tarea complicada" para Egipto el organizar y celebrar de manera inmediata elecciones libres, justas y creíbles.

Si el presidente egipcio, Hosni Mubarak, renunciara ahora tendrían que celebrarse elecciones en un plazo de 60 días de acuerdo con la Constitución, según afirma Estados Unidos. 

Eso plantea la cuestión de si Egipto estaría preparado para organizar unos comicios competitivos y abiertos si se tiene en cuenta que en el pasado fueron "menos que libres e imparciales", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. 

"Creo que sería una tarea complicada", admitió. "Hay mucho que hacer para llegar al punto en el que se pueden celebrar unas elecciones libres y justas, ya sea para el Parlamento o la Presidencia", explicó. 

El Gobierno de EE. UU. no se centra tanto en la persona que está al frente del Ejecutivo egipcio sino en el proceso de transición y de negociación en sí, recalcó. 

"El papel que juegue el presidente Mubarak en eso es una decisión de él y de los egipcios", señaló Crowley. 

El portavoz consideró, no obstante, que sería posible celebrar las elecciones en septiembre, tal y como está previsto. 

"Se puede hacer", indicó, aunque "mucho depende de lo que ocurra a partir de ahora hacia adelante", añadió. 

Para Washington, las conversaciones que comenzaron este fin de semana entre el vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, y representantes de la oposición, "no son lo suficientemente amplias", al excluir a algunos grupos, alegó el portavoz. 

Varios dirigentes de la oposición participaron ayer en la reunión, entre ellos representantes de los Hermanos Musulmanes, un grupo proscrito pero semitolerado por el régimen, pero algunas figuras importantes han quedado al margen de este diálogo o decidieron no asistir hasta que Mubarak haya renunciado. 

Fue el caso del Movimiento 6 de Abril, que inició las protestas contra el régimen. El Baradei, una figura política con más eco fuera del país que dentro de Egipto, admitió que no había sido invitado a este diálogo y calificó la negociación como "un proceso opaco". 

Al diálogo del lunes tampoco fue invitado el ex candidato presidencial de la oposición Ayman Nur, dirigente del partido Ghad y que se convirtió en el principal rival de Mubarak durante las elecciones presidenciales de 2005. 

"Eso tiene que ser un proceso real. Tenemos cierto sentido de urgencia, pero no tanto en cuanto al calendario sino en referencia al proceso en sí y de que sea visto como creíble y como instrumento para el cambio que demandan los egipcios", sostuvo Crowley. 

El portavoz no llegó a abogar directamente por la permanencia de Mubarak durante la transición como lo hizo el sábado Frank Wisner, al que el Gobierno de EE. UU. envió la semana pasada a El Cairo para trasladar al mandatario egipcio el mensaje de que no debe presentarse

la reelección. 

Wisner, que fue embajador en Egipto entre 1986 y 1991 y tiene vínculos con figuras claves del Gobierno de ese país, dijo ante la Conferencia de Seguridad de Munich en una videoconferencia desde Nueva York que Mubarak debe jugar un papel "absolutamente decisivo" y seguir en su puesto para conducir el cambio. 

El Gobierno de EE. UU. se distanció inmediatamente de Wisner y aclaró que el ex diplomático había hablado a título personal.

EE.UU. cree que hay una amenaza terrorista tan grande como la del 11-S

Las amenazas de ataques terroristas contra Estados Unidos están posiblemente en su "mayor nivel" desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, advirtió este miércoles la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.

"No hay duda de que hemos hecho importantes progresos en proteger nuestro país del terrorismo desde el 11 de septiembre, pero la amenaza continúa evolucionando", dijo Napolitano en una presentación ante el Congreso estadounidense. "En algunas maneras, la amenaza hoy puede estar en su mayor nivel desde los ataques de hace casi diez años", agregó.

En una comparecencia ante el comité de Seguridad Interna del Congreso, Napolitano consideró que Al Qaeda "aún representa una amenaza para Estados Unidos a pesar de la disminución de sus capacidades" y que su país también afronta "amenazas de varios grupos que comparten la ideología extremista y violenta de Al Qaeda".

Además resaltó que existe una tendencia entre los grupos extremistas islámicos de reclutar a personas occidentales sin fuertes vínculos con grupos terroristas o animar a éstas a llevar a cabo pequeños ataques, que son más difíciles de alertar por los organismos de inteligencia.

"La amenaza ha evolucionado de tal manera que tenemos que variar nuestras tradicionales estrategias antiterroristas, que en el pasado veían la amenaza como algo proveniente del exterior", dijo Napolitano.

Ley que prohíbe servir en Ejército de EE. UU. a militares abiertamente gays es inconstitucional

Washington EFE:- Una jueza federal asegura que la ley viola los derechos a la libre expresión y al debido proceso. La jueza, Virginia Phillips, solicitó una petición judicial para bloquear la ley conocida como 'Don't ask, don't tell', algo así como 'no preguntes no lo digas', que permite a los homosexuales prestar servicio militar siempre y cuando no divulguen su orientación sexual.

Phillips señaló que la ley no tiene nada que ver con el estar preparado o no para servir en el Ejército y, por el contrario, tiene un "efecto negativo" para las Fuerzas Armadas.

La jueza respondió así a la demanda interpuesta por el grupo Log Cabin Republicans, un grupo con 19.000 miembros que incluye a militares y ex militares estadounidenses.

Esta es la mayor acción legal contra esta ley que durante décadas ha generado polémica y que el presidente Barack Obama aseguró que cambiaría.

El pasado febrero, el Pentágono anunció que estudiaba acabar con la polémica ley que fue promulgada en 1993 durante la presidencia de Bill Clinton.

Desde entonces se ha iniciado un debate entre la cúpula militar, que ha incluido a los propios militares y sus familias para determinar cuál es la mejor forma de acometer el cambio.

Asimismo, ha realizado un estudio sobre el impacto que la derogación de esta ley puede tener en las tropas.

El presidente Obama respaldó en mayo un acuerdo alcanzado entre destacados legisladores para poner fin a esta ley antes de diciembre de este año, pero los activistas a favor de abolir esta norma reprochan a la administración que no se han hecho los avances suficientes.

Según ha denunciado Log Cabin Republicans, más de 13.500 militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde que entró en vigor esta ley. 

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