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08 -
Miercoles/Wednesday 02 - 23 - 2011 - New York - NY. USA -
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INTERNACIONAL
GUATEMALA: OTRO MURO EN LA RUTA A EEUU
By Danilo Valladares
GUATEMALA, (IPS) - Viajar sin documentos a Estados Unidos desde América Latina supone una verdadera odisea, eludiendo delincuentes comunes, leyes contra las migraciones y narcotraficantes. Pero ahora, además, parece que también habrá que sortear un nuevo muro: esta vez entre Guatemala y México.
El intendente de aduanas de la guatemalteca Superintendencia de Administración Tributaria, Raúl Díaz, afirmó que, para impedir el paso de balseros con contrabando, el sureño estado mexicano de Chiapas pretende construir un muro en la costa del fronterizo río Suchiate, similar al ya avanzado en la frontera sur de Estados Unidos.
"Podría también evitar el libre paso de inmigrantes ilegales", admitió el funcionario mexicano.
El río Suchiate es utilizado para ingresar productos mexicanos al mercado guatemalteco sin pagar impuestos, pero, a su vez, es atravesado por miles de centroamericanos y sudamericanos con destino a Estados Unidos en busca de oportunidades y sin la documentación requerida.
Unas 500.000 emigrantes cruzan cada año el territorio mexicano sin permiso, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH).
La intención de construir el muro fronterizo ha provocado una ola de rechazo en sectores sociales y gubernamentales por considerarlo una medida "sin sentido", la cual "no evitará" que las personas crucen la frontera "sin papeles" para llegar al Norte.
"Vemos con mucha preocupación la iniciativa del gobierno mexicano, porque los emigrantes están en una situación de altísima vulnerabilidad, como lo demostró la matanza de Tamaulipas, donde murieron cinco guatemaltecos", dijo a IPS Erick Maldonado, secretario ejecutivo de la Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.
La crueldad a la que usualmente son sometidos miles de indocumentados quedó al desnudo el 23 de agosto, cuando 72 emigrantes procedentes, además de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil fueron brutalmente asesinados en la localidad de San Fernando, en el oriental estado de Tamaulipas, supuestamente a manos de la mafia criminal Los Zetas.
Además, un total de 9.758 secuestros de inmigrantes fueron denunciados en México entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, según la CNDH.
La idea de amurallar la frontera guatemalteca con México "va a empeorar la situación de la población emigrante, porque nuestros connacionales tienen necesidades y siempre logran pasar en nuevos puntos ciegos que carecen de controles migratorios y de seguridad, lo cual implica mayores riesgos", señaló Maldonado.
La vulnerabilidad de la población latinoamericana, principalmente de América Central, que emigra "sin papeles" a Estados Unidos ha permanecido a flote en los últimos meses no sólo por el recrudecimiento de la violencia plasmada en la matanza de Tamaulipas, sino también por las medidas legales en su contra.
Tal es el caso de la ley SB1070, promulgada el 23 de abril por el sudoccidental estado estadounidense de Arizona, la cual autoriza a la policía a capturar a cualquier persona de la que tengan una "sospecha razonable" sobre su estatus migratorio.
A esta serie de barreras a la inmigración se ha sumado la construcción del muro en la frontera de México y Guatemala.
Sin embargo, las autoridades de Guatemala no han recibido hasta ahora ninguna comunicación del gobierno mexicano al respecto.
No obstante, Maldonado expresó el lunes su preocupación por esta medida al delegado mexicano de migración en el país, Alejandro Martínez.
El rechazo al proyecto llegó incluso a Casa Presidencial. "Los muros nos los saltamos y no son la solución a los problemas", dijo escuetamente sobre el asunto el vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada.
La intención del estado de Chiapas trajo a colación la polémica construcción del muro perimetral de 1.126 kilómetros que bordea el río Bravo que realiza Estados Unidos en su frontera con México para contener la llegada de indocumentados.
"El aumento terrible del costo de polleros (traficantes de personas) y la corrupción de las autoridades es el fruto de los muros que Estados Unidos pretende construir y ha construido en la frontera. Este caso lo podemos trasladar en esta situación y los resultados serán los mismos", dijo a IPS el sacerdote Francisco Pellizari, de la Casa del Migrante.
Según el religioso, los muros son un "error histórico" de varios países en el mundo que no han ayudado a resolver las migraciones.
"Se supone que es para detener la migración pero eso no ha dado resultado y sí ha provocado un derrame económico y el desvío del flujo migratorio por caminos más inhóspitos que provocan miles de muertes", señaló. Erick Zúñiga, alcalde del occidental municipio de Ayutla, más conocido como Tecún Umán, fronterizo con México, dijo a IPS que el estado de Chiapas ya comenzó con la construcción de la barrera, la cual "parece un muro para evitar que el río Suchiate se desborde".
En todo caso, "ningún muro impedirá las migraciones. Eso no impedirá que las personas pasen al otro lado porque la gente va en busca de oportunidades de empleo y un futuro para su familia", explicó.
EEUU: SEGURIDAD Y JUSTICIA ENFRENTADAS EN TRIBUNAL DE EEUU
By William Fisher
NUEVA YORK, (IPS) - Expertos legales consideran inusual la manera como un tribunal federal de Estados Unidos rechazó por seis votos contra cinco la demanda presentada por cinco hombres que denuncian haber sido torturados bajo el programa de "entregas extraordinarias" de prisioneros de la CIA.
El hecho se apartó de la práctica tradicional al sugerir otras varias maneras de que las víctimas obtengan justicia.
Algunos ven esto como una señal de hasta qué punto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en la occidental ciudad de San Francisco, "quedó angustiado por el trato" que dicen haber recibido los demandantes, según Mike Doyle, periodista experto en temas legales que trabaja en McClatchy Newspapers.
En su blog, "Suits and Sentences" ("Demandas y sentencias"), Doyle agrega que otro aspecto destacable de esta decisión fue que los cinco denunciantes decidieran "publicar un apéndice de 58 páginas, detallando las evidencias públicamente disponibles".
Los cinco sospechosos de terrorismo fueron arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La demanda fue objeto de litigios ante varios tribunales federales durante años. Tras el rechazo del miércoles, ahora el caso avanza hacia la Corte Suprema. Han pasado más de 50 años desde que el máximo órgano judicial federal emitió por última vez un dictamen importante sobre el privilegio de los secretos de Estado.
El texto acusa a la firma Jeppesen DataPlan, Inc., subsidiaria de Boeing, de participar en el "programa de entregas extraordinarias" de prisioneros del gobierno de George W. Bush (2001-2009). Bajo el mismo fueron secuestrados sospechosos de terrorismo en un país y entregados a los servicios de inteligencia en otro, donde fueron encarcelados, abusados y torturados.
La demanda denuncia que Jeppesen "participó a sabiendas en estas entregas brindando servicios cruciales de planificación de vuelos y apoyo logístico a los aviones y tripulaciones utilizadas por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) para hacer desaparecer por la fuerza a estos cinco hombres en torturas, detenciones e interrogatorios".
Según informes citados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), "Jeppesen tenía un conocimiento real de las
consecuencias de sus actividades. Un ex empleado de Jeppesen informó a la revista The New Yorker que, en una reunión corporativa interna, un alto funcionario de Jeppesen declaró: ‘Nosotros hacemos todos los vuelos de las entregas extraordinarias; usted sabe, los vuelos de las torturas. Enfrentémoslo: algunos de estos vuelos terminan de esa manera".
El gobierno de Bush intervino en el caso, reafirmando el privilegio de los "secretos de Estado" en un intento por lograr que la demanda fuera rechazada y por impedir que las evidencias --entre ellas algunas que ya eran de dominio público-- llegaran a tribunales.
En abril de 2009, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, de alcance federal, dictaminó que el gobierno debía invocar el privilegio de los secretos de Estado con respecto a evidencias específicas, no a una demanda entera. El gobierno de Barack Obama, siguiendo exactamente el mismo razonamiento legal que su predecesor, apeló ese veredicto, y en diciembre la apelación fue atendida por un panel integrado por los 11 jueces del Noveno Circuito. El resultado fue la decisión del miércoles.
La ACLU considera que ese dictamen impide que se haga responsable al programa ilegal e intenta que la Corte Suprema vuelva a evaluarlo.
La decisión de la mayoría, redactada por el juez Raymond Fisher, declara: "Esta demanda requiere que abordemos el difícil equilibrio que la doctrina de los secretos de Estado (impone) entre los principios fundamentales de nuestra libertad --incluídas la justicia, la transparencia, la responsabilidad-- y la seguridad nacional. Aunque como jueces nos esforzamos por honrar todos estos principios, hay veces en que circunstancias excepcionales crean un conflicto irreconciliable entre ellos".
Sin embargo, Fisher continuó: "Que el Poder Judicial pueda haber respetado el reclamo de privilegios del Ejecutivo en interés de la seguridad nacional no impide que el gobierno honre los principios fundamentales de la justicia".
La resolución también sugirió que el Congreso debería investigar las denuncias de torturas, recordó a los demandantes que el órgano legislativo tiene la potestad de aprobar proyectos de ley particulares que ayuden a individuos y observó que también puede aprobar legislación reparatoria.
Ben Wizner, abogado de la ACLU que expuso el caso ante el Tribunal de Apelaciones, dijo que la organización estaba decepcionada con el fallo.
"El mundo está mirando de cerca para ver si las víctimas de torturas tienen alguna posibilidad de reparación en tribunales estadounidenses. Si la respuesta es ‘no’, y se permite que esta decisión se mantenga, entonces los jueces y fiscales extranjeros casi seguramente reforzarán sus propias investigaciones penales sobre prácticas ilegales de Estados Unidos", dijo a IPS.
"Hasta la fecha, ni una sola víctima del programa de torturas
del gobierno de Bush" fue llevado a la justicia, señaló.
"Eso convierte a éste en un día triste, no sólo para los sobrevivientes de torturas, que buscan justicia en este caso, sino para todos los estadounidenses a quienes les importa el imperio de la ley y la reputación de nuestra nación en el mundo. Si esta decisión se mantiene, Estados Unidos habrá cerrado sus tribunales a las víctimas de torturas, mientras brinda una completa inmunidad a sus torturadores", agregó.
Otrora poco utilizada, la doctrina de los secretos de Estado se convirtió en una táctica favorita del gobierno de Bush para impedir que sus casos de seguridad nacional llegaran a tribunales.
Cuando Obama era senador, y luego como candidato a presidente, fue muy crítico sobre este tema. Ahora, muchos creen que las acciones de su gobierno buscan reafirmar una mayor autoridad del Poder Ejecutivo.
Pagan 11.600 euros por el inodoro de John Lennon
Un inodoro que perteneció a Lennon se vendió por 9.500 libras esterlinas (11.600 euros) en una subasta el sábado, unas 10 veces lo estimado, dijeron los organizadores.
Lennon, quien fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980, reemplazó el retrete de porcelana por uno nuevo en su vivienda Tittenhurst Park en Berkshire, al sur de Inglaterra, donde vivió desde 1969 a 1971.
Según el catálogo de la subasta, a los constructores que retiraron el baño blanco y azul les pidió que pusieran "unas flores en él o algo".
El constructor John Hancock lo guardó en su cochera durante 40 años hasta que murió recientemente y el inodoro fue puesto en venta, informaron medios británicos.
El baño estaba entre los objetos de la banda vendidos en una subasta como parte del festival de la semana Beatle en Liverpool, la ciudad de origen del grupo en el noroeste de Inglaterra.
Anne-Marie Trace, que trabaja en la tienda de los Beatles en Liverpool que organizó la venta, dijo que el alto precio pagado cogió por sorpresa a los organizadores.
"Creo que es el objeto más inusual que alguna vez hemos tenido en nuestras subastas", dijo a Reuters. El comprador no fue identificado aunque Trace señaló que posiblemente se fue "al extranjero".
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