New York - Año 01 - Nº 02 - Miércoles 21 de octubre del 2009
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JUDICIAL & CRIMEN
Dole no tendrá que pagar 98 millones de dólares a campesinos nicaragüenses
Miami, 21 oct (EFE).- Un juez federal dictaminó que la empresa de frutas Dole no tendrá que pagar 98 millones de dólares a campesinos nicaragüenses que demandaron por haber sido presuntamente expuestos a un pesticida en fincas de bananas en su país, informó hoy una fuente judicial.
El juez Paul Huck desestimó ayer en un tribunal de Miami la orden de un magistrado nicaragüense, que dio la razón a los campesinos en su demanda, con el argumento de que ese tribunal no tiene jurisdicción y la ley aplicada no cumple con los estándares internacionales.
El tribunal nicaragüense había concedido ese monto de dinero en 2005 a 150 campesinos que aseguraron que sufrieron enfermedades como esterilidad, entre otras, a consecuencia de haber estado expuestos en la década de 1970 al pesticida Dibromo-cloropropano (DBCP).
En las diversas audiencias que se sucedieron ante el juez Huck, la compañía Dole indicó que la ley nicaragüense de 2001 aplicada no era imparcial en el litigio y favorecía a los trabajadores.
Los tribunales del país centroamericano han emitido desde 2002 resoluciones en una treintena de casos de demandas contra la empresa Dole y los fabricantes de pesticidas por un total de unos 2.000 millones de dólares en compensación.
Colombia considera "justa" condena de 45 años a capo "Don Diego" en EE.UU.
Bogotá, 21 oct (EFE).- El ministro de Interior y de Justicia de Colombia, Fabio Valencia, aseguró hoy que la condena de 45 años de prisión al capo del narcotráfico colombiano Diego Montoya, alias "Don Diego", en Estados Unidos "fue justa".
El funcionario colombiano señaló en la sede del Congreso que cuando se autoriza una extradición "aspira a que la justicia norteamericana les aplique una sanción severa y correspondiente".
Valencia añadió que los extraditados que cumplen condenas en el exterior también deben pagar sus delitos en Colombia, cuando se da su regreso al país.
"En general (...) esas condenas son lo que la gente espera. Los extraditados
no solo tienen que pagar la condena allá, sino que a su regreso deben cumplir con las condenas de la ley colombiana", agregó.
"Don Diego", jefe del cartel del Norte del Valle, fue condenado hoy a 45 años de cárcel por su culpabilidad en tres cargos vinculados al tráfico de drogas.
Montoya admitió el pasado mes de agosto su responsabilidad en dos de los cargos presentados por la Fiscalía en Miami, de tráfico de cocaína y obstrucción a la justicia, y de otro sobre crimen organizado en un caso diferente en un tribunal de Washington.
"Don Diego" tendrá que pagar también una indemnización de 500.000 dólares a los familiares del testigo federal Jairo García, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por la organización del cartel del Norte del Valle.
Montoya estuvo en la lista de los diez prófugos de la justicia más buscados del mundo y se llegó a ofrecer por él una recompensa de cinco millones de dólares.
"Don Diego" fue capturado por las autoridades colombianas en el departamento del Valle del Cauca en septiembre de 2007 y extraditado a EE.UU. en diciembre del año pasado.
Secretario de Justicia se inhibe en caso de asesinato de 8 personas en P.Rico
San Juan, 21 oct (EFE).- El secretario de Justicia de Puerto Rico, Antonio Sagardía, se inhibió del caso del asesinato de ocho personas en el norte del país por haber defendido en 2003 al principal sospechoso de las muertes, hecho que ha desatado polémica.
El secretario de Justicia dijo hoy que se inhibía oficialmente del caso, tras recibir información de la Fiscalía
según la cual el principal sospechoso del asesinato de 8 personas la noche del pasado sábado en la localidad de Sabana Seca, en la costa norte, es Alexis Candelario Santana, a quien defendió en 2003.
La Policía arrestó ayer a varias personas que supuestamente pueden estar relacionadas con los asesinatos de Sabana Seca, aunque entre ellas no estaba Alexis Candelario Santana.
Sagardía consiguió con su pericia que su defendido entonces y hoy
sospechoso de ordenar el mayor asesinato colectivo de la historia de Puerto Rico cumpliera una pena de sólo seis años aun siendo declarado culpable de cinco asesinatos y condenado a 12 años de prisión.
El director de la Policía de Bayamón -área dentro de la que se cometieron los asesinatos-, coronel José Morales, explicó a Efe que Alexis Candelario Santana es un delincuente relacionado con el mundo de la droga del que hasta ahora no se tenía noticia.
Morales detalló que, según la información de que dispone, éste, supuestamente, podría haber ordenado los asesinatos para recuperar el punto de venta de droga existente en el bar "La Tómbola", donde se cometió la masacre, y cuyo propietario es un primo del sospechoso.
El jefe policial dijo que una hipótesis posible es la de que Alexis Candelario Santana, tras salir de prisión, quería recuperar el control de ese punto de droga, a lo que se opuso su familiar, lo que desató la represalia.
Sobre la decisión de Sagardía, una fuente del Departamento de Justicia señaló a Efe que se trata de una iniciativa preventiva para evitar posibles polémicas, dado que en un caso de esta magnitud es normal que el secretario intervenga en colaboración con el fiscal encargado del proceso.
Sagardía, un reconocido criminalista con casi dos décadas a sus espaldas como abogado en la isla, subrayó que no puede controlar las acciones de sus antiguos clientes, después de recordar que el código ético de su profesión le impide revelar detalles de su ex defendido, sobre el que la Policía centra sus investigaciones.
El propio gobernador, Luis Fortuño, intervino para señalar como correcta la decisión de Sagardía de alejarse del caso.
La muerte de ocho personas la noche del pasado sábado durante una fiesta en el bar "La Tómbola" de la localidad de Sabana Seca, municipio de Toa Baja, es el asesinato colectivo ligado a la criminalidad más elevado de la historia del país.
El incidente provocó además 20 heridos, algunos de los cuales permanecen ingresados en estado de gravedad en el hospital Centro Médico de Río Piedras.
Desarticulan en Nueva York red de juego ilegal que operaba también en Panamá
Nueva York, 21 oct (EFE).- Treinta individuos y una empresa, implicados en una red de apuestas ilegales deportivas que movió más de
567 millones de dólares y operaba en Nueva York y Panamá, han sido acusados de corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos, informó hoy la Fiscalía del distrito
neoyorquino de Queens.
El fiscal Richard Brown explicó que los acusados operaban una organización de apuestas "increíblemente lucrativa", que movía una media de más de 20 millones de dólares mensuales y tenía relaciones con los clanes mafiosos de los Gambino y los Genovese.
"Aquellos que participan en esas actividades delictivas a menudo usan amenazas, intimidación e incluso la fuerza física para cobrar deudas y con frecuencia aplican intereses usureros a los préstamos concedidos", añadió Brown en un comunicado de prensa.
Uno de los presuntos líderes de la red, Joseph Fafone, fue detenido el martes en el aeropuerto de Rochester, al norte del estado de Nueva York, cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Panamá portando casi 24.000 dólares en efectivo.
Otros 17 individuos fueron detenidos este miércoles en Queens y nueve más en diversas localidades de Nueva York, Florida, Nevada e Illinois, en tanto que se busca a otros tres individuos, dos de ellos en Panamá, supuestamente vinculados también a esta red de juego ilegal.
Las detenciones son consecuencia de una investigación que ha durado algo más de tres años y ha permitido a las autoridades incautarse de más de tres millones de dólares en efectivo.
Las apuestas sobre partidos de fútbol americano profesional, baloncesto, hockey y béisbol, entre otros deportes, se realizaban a través de diversos sitios en Internet y por medio de números telefónicos de llamada gratuita.
La organización utilizaba en sus actividades equipamiento tecnológico ubicado en Panamá para gestionar las cuentas de clientes que apostaban a través de Internet, con el fin de evitar que las autoridades estadounidenses descubrieran sus operaciones.
La Fiscalía explicó que el acoso policial a locales tradicionales de
juego ilegal ha llevado a algunas organizaciones dedicadas a esas actividades a actuar mediante páginas web que operan sin descanso y cuya información se almacena en servidores ubicados fuera de Estados Unidos.
Fafone y otro individuo identificado como Eric Davis Harp están considerados como los controladores y supervisores de las operaciones de la organización, en tanto que otros implicados actuaban como captadores y recolectores de apuestas o se encargaban de la distribución de ganancias y de blanquear los beneficios a través de entidades financieras, entre otras labores.
En caso de ser hallados culpables de los cargos que se les imputa, cada implicado podría afrontar una condena de hasta 25 años de prisión.
La empresa JJF Consulting Services, perteneciente a Fafone, supuestamente se utilizaba para "lavar" las ganancias que obtenía la organización.
Declaran nulo juicio contra dos acusados de intento de extorsión a Travolta
Anita Allen, jueza que preside el caso, declaró nulo el proceso con el
argumento de que sospechaba que se había producido una "comunicación" no
autorizada desde el jurado que deliberaba a puerta cerrada sobre el
veredicto.
Los encausados son el conductor de ambulancias Tarino Lightbourne y la
ex senadora Pleasant Bridgewater, que renunció a su escaño tras haber
sido acusada formalmente de extorsión al actor estadounidense y que
quedó en libertad bajo fianza.
"Queda la impresión de que pueden haberse producido una comunicación en
la sala de deliberación del jurado. Voy a dispensarles de entregar su
veredicto", dijo la magistrada a los miembros del jurado, en referencia
a una sospecha de filtración desde el jurado sobre uno de los acusados.
Bridgewater y Lightbourne, el conductor de la ambulancia que acudió a la
residencia de los Travolta para socorrer a su hijo, están acusados de
tramar un supuesto complot para extorsionar al actor y a su esposa, en
relación con el fallecimiento de su hijo Jett, de 16 años, en Bahamas.
Las detenciones se produjeron después de que los Travolta denunciaran el
intento de extorsión.
Los chantajistas habrían exigido a la estrella de Hollywood esa cantidad
de dinero a cambio de no divulgar un documento sobre el tratamiento
médico de Jett, quien era autista y murió el pasado 2 de enero después
de sufrir un ataque epiléptico.
Los dos se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan.
"Nos hubiera gustado haber tenido un veredicto y ver cerrado el caso,
pero preferimos tener un nuevo juicio", señaló Michael Ossi, abogado de
los Travolta.
Aseguró que las "pruebas son muy fuertes y convincentes".
En su comparecencia en septiembre pasado en un tribunal de Bahamas,
Travolta, de 55 años, reveló que su hijo era autista y sufría
convulsiones cada cinco o diez días que le duraban un minuto.
Contó en el estrado que en un intento por salvar la vida de su hijo le
suministró respiración cardiopulmonar cuando éste yacía inconsciente en
el piso del baño de la residencia de Bahamas donde pasaban unas
vacaciones.
Los restos del menor fueron incinerados y trasladados a la pequeña
comunidad de Anthony, en Ocala (Florida, EE.UU.), donde Travolta reside
junto a su familia desde hace seis años.
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